La DGT estudia que las bicis precisen de matrícula, seguro y licencia para circular
¿Deben los ciclistas sacarse un carné para circular con su bici? Eso es lo que se plantea últimamente la Dirección General de Tráfico (DGT), que hace unas semanas difundía una encuesta para sondear la opinión de los usuarios sobre la necesidad de un permiso y un seguro obligatorio para circular en bicicleta.
Además, fueron cuestiones que surgieron este fin de semana en el encuentro nacional sobre la bicicleta celebrado en el Centro Superior de Educación Vial, organismo dependiente de la DGT. La subdirectora general de Intervención y Políticas Viales, Mónica Colás, confirmó durante su participación que estas posibilidades -registro de matrículas, seguro privado y permiso de circulación- son ideas aún en estudio.
El Gobierno aprueba un nuevo baremo que eleva un 50% la indeminización por accidentes de tráfico
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Justicia, un Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. Justicia estima que la modificación de las indemnizaciones por muerte de la víctima se incrementarán una media del 50 por ciento y las indemnizaciones por secuelas en torno a un 35 por ciento de media.
La el proyecto de ley incluye, entre otros aspectos, resarcimiento de los gastos de tratamiento de lesiones por parte de las aseguradoras a los servicios públicos de salud y modifica el método de cálculo de las indemnizaciones a las víctimas, según ha indicado el ministerio.
La actualización del baremo es una de las medidas que reclamaban las asociaciones de conductores y víctimas de tráfico como necesidad urgente y el pasado mes de marzo alegaban que “las víctimas no pueden esperar más”, por lo que establecían como fecha límite para la entrada en vigor del texto el 1 de enero del año próximo. El Gobierno espera que la norma tenga el visto bueno del Parlamento “en este periodo de sesiones”.
Las indemnizaciones para los accidentes de tráfico más graves se duplicarán
alejandro carraAlejandroCarraB / madrid
El Gobierno aprueba la reforma del baremo de valoración de daños para las víctimas de la carretera que contempla una significativa mejora de las cuantías percibidas por los lesionados más graves, las familias y los menores
Se ha hecho esperar. Pero por fin se ha dado el primer paso para paliar una discriminación insostenible entre las víctimas de accidentes de tráfico españolas y las del resto de países de nuestro entorno. Ayer viernes, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que reforma el sistema de valoración de daños por accidentes de tráfico, en el que se contempla una significativa mejora de las indemnizaciones.
Las asociaciones de víctimas llevaban meses esperando que el Ministerio de Justicia cumpliese su palabra y llevase al Consejo la actualización de unas indemnizaciones fijadas en 1995, cuando murieron en la carretera 4.119 personas frente a las 1.131 de 2014. Gracias a esta reducción de la mortalidad, las aseguradoras podrán asumir los incrementos de las compensaciones económicas -un 50% más de media en el caso de las muertes y un 35% en el de las lesiones- que contempla la nueva norma.
Desjudicializar las indemnizaciones
Tras el Consejo de Ministros, fue el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, el que explicó que la nueva ley contribuirá a «racionalizar» y «objetivizar» el cálculo de las cuantías. «Cuando estudiábamos el ámbito europeo, veíamos que el baremo español se había quedado bastante por debajo de lo que es habitual en los países de nuestro entorno», reconoció Catalá. Además, según el ministro, la nueva ley permitirá «desjudicializar» la concesión de indemnizaciones y generará «estabilidad» entre las compañías de seguros.
El fraude organizado para cobrar indemnizaciones crece vertiginosamente
Amparo Estrada
Si usted tiene coche probablemente se habrá encontrado más de una vez un papelito en el parabrisas donde se ofrecen a comprarle el automóvil sea cual sea su estado, incluso si no funciona. Puede que le haya extrañado, pero piense que es un taller que lo arregla y le saca un beneficio vendiéndolo después. Es una posibilidad, pero también puede tratarse de una trama de fraude al seguro. En los últimos tiempos han proliferado los grupos de feriantes o propietarios de talleres que compran vehículos en mal estado para después fingir robos, incendios o siniestros totales y cobrar la indemnización del seguro. Este es uno de los ejemplos del fraude organizado, que aunque sólo representa el 1% del total está aumentando vertiginosamente: en 2014 creció un 500%, según el informe de la aseguradora Axa. El fraude organizado es el cometido por tramas, apoyadas en ocasiones por gente del sector, que han profesionalizado el timo y que, una vez montada la estructura, intentan ‘industrializar’ el proceso delictivo y repetirlo en todas las compañías. La indemnización media que reclaman en los siniestros es de 6.000 euros. El número de tramas organizadas detectadas por AXA el año pasado fue de 45 frente a los siete casos de 2013.
Otro ejemplo de fraude organizado es el cometido por un constructor con negocios de alquiler inmobiliario de segundas residencias en zonas costeras, que aseguraba las viviendas y daba pequeños partes de siniestros simulados para reparar los apartamentos en temporada baja, y tenerlos preparados para alquilar en periodo de vacaciones. Esos partes los reparaban sus propios proveedores y su reembolso lo solicitaba a la aseguradora.
El fraude más frecuente es el ocasional u oportunista, que consiste en aprovechar un siniestro real para introducir daños preexistentes o anteriores. Es el típico caso de asegurados con pólizas a terceros que tiene un siniestro real. Son inocentes, pero aprovechan el siniestro para tratar de incorporar daños anteriores incluso con versiones rocambolescas, como rebotes contra algún objeto o doble golpe del vehículo contrario. Representa el 57% del total de los fraudes y ha disminuido ligeramente respecto a 2013. El 71% de las veces, el importe reclamado es inferior a 600 euros.
El tercer tipo de fraude es el premeditado. Se trata de casos en los que los daños reclamados son reales o ficticios, pero todos han sido planificados con antelación. En ellos se suelen ver implicadas varias personas y suponen el 42% de los casos de fraude evitados durante 2014. La indemnización media se eleva a casi 4.500 euros. El caso más dramático es aquel en el que personas desesperadas aceptan amputarse algún miembro o sufrir algún daño físico para cobrar una indemnización.
El fraude corporal sólo solo ha crecido un 0,4%, aunque como su coste es quince veces mayor que el fraude material, representan el 63,4% de los importes a pesar de suponer sólo el 16% en número. Los siniestros en los que se declara una lesión cuando ya existía una dolencia preexistente han crecido un 233% en los dos últimos años. Por otro lado, aquellos en los que se declara whiplash (latigazo cervical) cuando no existe esa dolencia o se exageran las mismas, han aumentado en un 40% en el mismo periodo, según AXA.
La tasa de fraude nacional (siniestros fraudulentos respecto a siniestralidad) es del 1,2% y desde que empezó la crisis ha registrado sucesivos incrementos, No obstante, en 2014 moderó su tendencia de aumento.
Casi siete de cada diez siniestros fraudulentos se producen en el ramo de Auto, donde se observa un incremento del 6,55% en el último año. Por su parte, Multirriesgos (Hogar, Comercio y Oficinas, y Comunidades) representa el 25% del total y se ha incrementado un 14%. En último lugar, aparecen bajo el epígrafe de Diversos, el fraude en seguros de Transporte, Industrias, Salud, Accidentes y Vida, que suponen el 7,5% tras haber crecido un 11% el último año.
Otros daños
El 70% de las ocasiones en que se realiza un fraude es porque los daños que se reclaman no tienen nada que ver con el siniestro o se trata de exagerar los daños del mismo para cubrir otros daños diferentes a los propios del siniestro. Los partes de favor (connivencia entre los implicados) se han más que duplicado en los últimos dos años, y los que tienen lugar entre familiares se ha multiplicado por seis.
También se ha producido un fuerte crecimiento de los intentos de fraude cometidos con ocasiones de la ocurrencia de fenómenos atmosféricos. Así, el número de siniestros fraudulentos por viento aumentó un 63% en 2014. Del mismo modo, el número de siniestros fraudulentos por caídas de rayos se ha multiplicado por tres.
El año pasado, Axa descubrió un total de 15.300 siniestros fraudulentos, un 8,6% más que el año anterior y evitó el pago de 60 millones de euros en primas fraudulentas. Según Arturo López Linares, responsable de Gestión del fraude y recobros de AXA, de no haber evitado ese fraude, las primas se habrían tenido que incrementar un 5%.
Accidente aéreo: Una aseguradora indemnizará a la familia de una víctima de Spanair
La sentencia obliga a Mapfre a pagar 340.000 euros a los familiares del joven fallecid en el accidente de 2008
EFE/Barcelona Un juzgado mercantil de Barcelona ha condenado a la compañía aseguradora Mapfre a indemnizar con 168.990 euros, más una cantidad igual en intereses, a los familiares de un joven que falleció en el accidente del avión de Spanair ocurrido en agosto de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas.
La sentencia, según el abogado de los demandantes Fran Vasques, es la primera por la vía mercantil que obliga a indemnizar a las víctimas del accidente aéreo y establece como cantidad a pagar más del doble de lo que la aseguradora ofrecía a los familiares del fallecido para que desistieran de acudir a los tribunales.
El juzgado mercantil número 8 de Barcelona condena en su fallo a indemnizar con 168.990 euros a los padres y la hermana del fallecido -que ya cobraron a los pocos meses del siniestro los 25.000 euros que marca la ley-, más los intereses legales incrementados, que desde el año 2008 ascienden a 169.513 euros.
Para fijar esas cantidades, el juez ha tenido en cuenta el baremo indemnizatorio a víctimas de accidentes de tráfico, pero sólo como «criterio orientativo», y las ha aumentado al entender que los accidentes aéreos tienen «diferencias significativas», dado que el éxito del avión radica en ser «cómodo, rápido, seguro y de muy baja siniestralidad».
En junio de 2014, Mapfre ofreció a la familia del pasajero fallecido, que pedía 2,7 millones de euros en su demanda, la indemnización prevista para accidentes de tráfico incrementada en un 20%, lo que sumaba 114.000 euros, una cantidad que según la aseguradora en el acto previo al juicio se elevó a 150.000.
Sin embargo, el juez ha resuelto calcular la indemnización de acuerdo con el baremo de los accidentes de tráfico más un 50%, al entender que «la seguridad que ofrecen las compañías aéreas a la hora de promocionar sus servicios, generando una gran confianza en el consumidor, quiebra la analogía con el baremo de los accidentes de circulación«.
En ese sentido, la sentencia lamenta que no exista una normativa específica para cuantificar los daños derivados de accidentes aéreos, pese a su «especificidad (más esporádicos, pero por lo general también con efectos más gravosos)».
La sentencia considera que el siniestro se debió, como estableció en su informe la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, a la «conducta negligente de los pilotos» y concluye que no se trató de un hecho «ni imprevisible ni inevitable para la compañía aérea, ya que se trata de un evento bajo su control».
En ese sentido, el juez advierte de que «no puede ampararse la compañía aseguradora, frente a la reclamación que efectúan los familiares de una víctima, en un presunto defecto de diseño del avión siniestrado (…)».
El fallo recuerda que, de acuerdo con el informe de la Comisión de Investigación, «la tripulación no configuró adecuadamente el avión para el despegue y hasta en cuatro ocasiones no utilizó de forma correcta las listas de comprobación que hubieran permitido advertir la incorrecta posición de los slats/flats, por lo que sus omisiones fueron causa del siniestro».
Para Fran Vasques, que está estudiando recurrir el fallo porque cree insuficientes las sumas concedidas, esta sentencia ha demostrado que, para las víctimas del accidente de Spanair, «merece la pena ir a los tribunales» y no conformarse con la indemnización extrajudicial que ofrece la aseguradora.
Por su parte, Mapfre también está analizando la sentencia pero fuentes de la compañía han señalado a Efe que el fallo confirma que el baremo establecido para accidentes de automóvil es el correcto para fijar las indemnizaciones por el siniestro de Spanair.
En opinión de Mapfre, ese es el mismo principio que se fijó en la sentencia que indemnizó a la familia de una azafata fallecida en el siniestro -por la vía de lo social- y el que la aseguradora ha empleado para indemnizar, mediante acuerdo extrajudicial, a más de la mitad de las víctimas del accidente.
El Consejo de Estado dice que la DGT quiere poner límites de velocidad a los peatones y obligarles a pasar test de alcoholemia
Además, se muestra contrario a la definición de «usuarios de la vía» que realiza la DGT
El Consejo de Estado critica que se limite la velocidad de los peatones
El Consejo de Estado ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que reconsidere el proyecto de Reglamento de Circulación para que pueda ser aprobado, y achaca que existen «notables imprecisiones» en el texto. Entre sus puntos más polémicos, está la imposición de límites de velocidad a los peatones y que se les obligue a pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción.
Así, el Informe del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Ep, se muestra contrario a la definición de «usuarios de la vía» que realiza la DGT, y que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a éstos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un accidente o cometan una infracción.
A su juicio, esta conclusión es «insostenible», pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañado «por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones».
En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma pretendida «los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente».
Del mismo modo, se refiere a las personas que toman habitualmente medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo de Estado, sólo «podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas».
Este concepto de usuario de vía, también influye a la hora de imponer unos límites de velocidad. Así, la norma propuesta por la DGT pretende introducir un límite de velocidad máxima a los peatones mediante el texto: «Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano» lo que, para el Consejo de Estado supondría «la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos». Además, apunta en el informe.
Cambio consensuado en los seguros
Aseguradoras y víctimas piden reformar ya el sistema de valoración de daños en accidentes de tráfico
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Compañías de seguros y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico quieren que el sistema de valoración del daño corporal y de las correspondientes indemnizaciones se reforme antes de que acabe la presente legislatura, mediante su tramitación como proyecto de ley, por lo que la propuesta consensuada entre las partes, y que se ha remitido ya al Gobierno, debería entrar pronto en el Parlamento.
El plazo es, por tanto, «limitado», según admitió la presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González de Frutos, durante el Foro SER Cantabria, donde destacó el acuerdo «histórico» alcanzado por parte del grupo de expertos creado al efecto, integrado por aseguradoras, organizaciones de víctimas y otras partes, tras cinco años de «intenso» trabajo y colaboración.
- Además, se ha incorporado un concepto indemnizatorio específico, el del lucro cesante, que no estaba plasmado en el sistema vigente y que es «uno de los déficits que queremos cubrir», señaló la presidenta de Unespa.
El comité de expertos se creó en el año 2008. Deste entonces, ha venido trabajando en una propuesta de reforma que finalizó antes de este verano y que ha remitido al Gobierno, concretamente al Ministerio de Justicia, encargado de la revisión del sistema de baremación en colaboración con otros departamentos, como Economía. Además, desde Unespa y las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han enviado una carta solicitando la tramitación y reforma del sistema «antes» de que finalice la presente legislatura.
http://www.larioja.com/motor/201501/05/cambio-consensuado-seguros-20150105010008-v.html
Motos: menos muertos en 2014
El año pasado se registraron 169 víctimas mortales en motocicletas frente a las 191 de 2013, 22 fallecidos menos. En cuanto al ciclomotor, las víctimas mortales pasaron de 27 a 18 en 2014
Conforme a los datos facilitados por la Directora General de Tráfico (DGT), la siniestralidad en carretera consolida un descenso que consolida a España entre los 5 mejores países del mundo en la materia. Así, las víctimas mortales han pasado de 1.134 a 1.131 de 2013 a 2014, una reducción del 0,2%.
En el caso de motocicletas y ciclomotores, el balance es aún más positivo, con descensos del 11,5% y 33,3% respectivamente.
En el total ‘dos ruedas’, se ha pasado de 218 fallecidos en 2013 a 187 en 2014, 31 víctimas mortales menos o un descenso del 14,2% menos.
Según Anesdor, patronal de los fabricantes de estos vehículos, estas cifras tienen aún más valor si consideramos que, en 2014, el mercado de la moto en nuestro país creció significativamente (+19,3% hasta noviembre), como también lo ha hecho el parque automovilista y la movilidad en general.
Un detalle, también satisfactorio, ha sido el descenso significativo de las víctimas que no llevaban casco.
Los límites de velocidad bajarán en la mayoría de calles y carreteras a lo largo de la próxima primavera
- Se reducirán en las vías convencionales (a 90, 70 ó 50 km/h) y en gran parte de calles (30)
- Subirá a 130 km/h en tramos de autopistas y autovías cuando lo indiquen los paneles
La gran mayoría de las carreteras y calles españolas verán modificados sus límites de velocidad a partir de la próxima primavera, que será cuando entre en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación que ultima la Dirección General de Tráfico (DGT), y que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.
Fuentes asistentes a la reunión del último Pleno del Consejo Superior de Tráfico aseguraron que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que el Reglamento, que entrará en vigor tres meses después de publicarse en el BOE, quedaría listo para después de las fechas navideñas.
Durante la presentación de los datos de siniestralidad vial de 2014, Fernández Díaz destacó que las carreteras convencionales (las de un único carril por sentido) concentran «la mayor cifra de accidentes y de víctimas», lo que no supone «ninguna novedad respecto a la tendencia de los últimos años».
De hecho, en estas vías murieron el año pasado 894 de las 1.131 personas que se dejaron la vida en las carreteras (79%), 32 más que en 2013, cuando la siniestralidad se redujo en las autovías (189 fallecidos, 29 menos) y en las autovías (55, seis menos).
Fernández Díaz aseguró que «la velocidad tiene mucho que ver» en este incremento de la siniestralidad, ante lo cual el nuevo Reglamento General de Circulación modificará los límites de velocidad en las carreteras secundarias «siempre a la baja», ya que, según los tramos, pasarán de 100 a 90 km/h, de 90 a 70 km/h o de 90 a 50 km/h.
Además, señaló que el límite en autopistas y autovías continuará siendo de 120 km/h, si bien «en determinados tramos y circunstancias debidamente señalizadas» se podrá circular puntualmente a 130 km/h. «Los datos que tenemos ponen de manifiesto que esta política es la correcta», añadió.
Nuevos límites en carreteras convencionales
El Reglamento General de Circulación incluirá las novedades en la última reforma de la ley de tráfico, en vigor desde el pasado 9 de mayo, salvo el apartado de los cambios en los límites de velocidad, que llegarán a las carreteras y las ciudades con el Reglamento.
El primer borrador del texto señala que el límite en carreteras convencionales para coches, motos y cuadriciclos bajará de 100 a 90 km/h cuando circulen por una vía con un ancho de al menos 6,5 metros (baremo que sustituye a los actuales 1,5 metros de anchura del arcén), de 90 a 70 km/h si la calzada es menor de 6,5 metros y con marcas de separación entre ambos sentidos, y de 90 a 50 km/h si tiene menos de 6,5 metros y no hay líneas discontinuas entre los carriles. Y en las vías secundarias sin pavimentar no se podrá circular en ningún caso a más de 30 km/h.
En cuanto a las autovías y autopistas, la intención de Tráfico es mantener el límite a 120 km/h, si bien los turismos y las motos de dos o tres ruedas podrían circular a 130 km/h cuando lo indiquen los paneles de mensaje variable «de forma temporal y en tramos en los que existan índices contrastados de seguridad, buenas condiciones de trazado y pavimentación y óptimas condiciones meteorológicas y ambientales».
Conducción más lenta en las ciudades
Por lo que respecta a las ciudades, el límite de velocidad se reducirá a 30 km/h en las calles con un máximo de un carril por sentido, en tanto que bajará a 20 km/h en las que cuenten con una plataforma única de calzada y acera. En el resto de los casos (principalmente, las vías con más de un carril por sentido), se mantendrán los 50 km/h. La directora general de Tráfico, María Seguí, aseguró el pasado verano en un acto público que «la mayoría de las calles de nuestras ciudades» tendrán un límite de 30 km/h.
Según datos del Ministerio de Fomento, España tenía a 31 de diciembre de 2013 un total de 165.361 kilómetros de carreteras, 26.073 de ellos gestionados por el Estado (por los que transita el 50,9% del tráfico total), 71.145 kilómetros por las comunidades autónomas (43,3% del tráfico) y 68.143 por las diputaciones provinciales y cabildos insulares (5,8% restante).
De ese cómputo total, las carreteras convencionales suponen el 55,5% de las estatales (14.468 kilómetros) y el 94,5% de las autonómicas (67.230). Con ello, se concluye que buena parte de las calles de las ciudades y de las vías interurbanas verán reducidos los límites de velocidad en la circulación de vehículos.
LEER NOTICIA
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/06/54abb52f268e3e11688b456b.html?cid=SIN12201
Los radares madrileños ponen ya 30.000 multas al mes por exceso de velocidad
Madrid estrena dos nuevos aparatos en Castellana y Santa María de la Cabeza. En 2015 se han presupuestado 93 millones de ingresos por sanciones
Cada mes en Madrid se imponen una media de 30.000 multas de tráfico por exceso de velocidad. Las cifras, del portal municipal de datos abiertos, señalan que durante los meses de septiembre y octubre pasado las denuncias totales fueron 385.000, de las que 59.850 castigaban a quienes corrieron por encima de la limitación.
Sólo la M-30 se lleva la parte más importante de este porcentaje: más de 25.800 sanciones en septiembre por sobrepasar los límites de velocidad. Precisamente se acaban de estrenar dos nuevos radares en la capital; se han instalado en el paseo de la Castellana –frente al hospital de La Paz– y en el paseo de Santa María de la Cabeza –a la altura del número 109–.
Desde las organizaciones de defensa de los conductores se critica que la inmensa mayoría de estas multas –castigadas con sanciones económicas de 100 euros– se imponen a conductores que han rebasado la velocidad permitida en menos de 10 kilómetros. «Es el caso del 90 o el 95 por ciento de las sanciones por este motivo que se imponen», aseguran.
93 millones de euros
Añaden además que en algunas ocasiones, el radar está colocado en tramos en que las condiciones de la vía hacen suponer al conductor que nada ha cambiado respecto a la anterior limitación: «Debería reforzarse la señalización, o poner un asfalto más sonoro, algo que haga que el conductor se de cuenta de que ha entrado en un tramo especial», explica Mario Arnaldo, responsable de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
En el fondo de su crítica, subyace la tradicional acusación del «afán recaudatorio» que el Ayuntamiento persigue con estas sanciones. Proponen señalizar claramente las áreas con radares, e incluso imponer la presencia de agentes de la Policía Municipal para evitar los puntos peligrosos. El presupuesto municipal para 2015 prevé unos ingresos de 93,6 millones de euros por multas a la ordenanza de circulación. Se trata de una cifra sensiblemente menor que la que se presupuestó para el pasado 2014, y que ascendía a 111,1 millones de euros.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en el paseo de Santa María de la Cabeza, con el radar situado «a apenas 200 metros del subterráneo, en dirección de entrada a la capital, y que induce a error porque «podemos pensar que seguimos en una autovía, pero ya es vía urbana, y el límite está en 50 kilómetros por hora», explica.
«Síndrome de las abuelas»
Con casi mil multas diarias por exceso de velocidad –para un parque automovilístico de más de dos millones de vehículos–, es importante saber dónde están los radares, especialmente los nuevos, que los conductores aún no «controlan». En el caso del situado en la Castellana, frente al hospital de La Paz, afecta fundamentalmente a los coches que circulen por el carril izquierdo en dirección salida de la ciudad y vayan a tomar la M-607 (carretera de Colmenar) o M-30 (hacia la avenida de la Ilustración).
Mario Arnaldo alerta sobre lo que llama «el síndrome de las abuelas infractoras», que se produce por «la tendencia de no parar al infractor para comunicarle la multa», y enviarla a su domicilio. Esto está causando que en muchos casos, asegura, se utilice la picaresca: ante la falta de reconocimiento expreso del conductor, terminan apareciendo como tales personas mayores que siguen teniendo el carnet, aunque tal vez ya no conduzcan, para que el auténtico infractor no pierda puntos.
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